Babia no gana para polémicas. Y ahora es escenario de las luchas por el control de la asociación de los ganaderos de los caballos de raza hispano-bretona. El conocimiento que tengo del conflicto es el que aporta la prensa, aunque conozco a varios ganaderos y miembros de asociación. Y de los datos extraídos de los distintos medios, y del seguimiento que hago del hispano-bretón desde hace años, me gustaría compartir algunas reflexiones.

1. La cría del equino hispano-bretón es una actividad ganadera que está aportando y debería aportar a zonas de montaña como Babia, y el resto de la montaña leonesa, un importante activo económico; diversificando la actividad ganadera y empresarial. Tiene un gran potencial y complementada con otras ganaderías extensivas sirve para la conservación de los pastizales.
2. Para que desarrolle ese potencial es necesario que exista una coordinación entre los ganaderos para reforzar la penetración en los mercados. Debe haber una cooperación leal entre los ganaderos para lograr metas que de forma individual no se pueden alcanzar.
3. Los ganaderos son empresarios que deben defender sus intereses ante las Administraciones públicas, y reclamar su apoyo. También deberán defenderse ante otros ganaderos que puedan entrar en competencia. Estamos en un libre mercado y cada sector debe poder defenderse.
4. Los poderes públicos si bien debe apoyar a los ganaderos, no deberían inmiscuirse en sus organizaciones internas.
5. En relación con el conflicto suscitado por la candidatura de una persona que además de ganadero, aúna la condición de funcionario de la consejería de Agricultura y Ganadería, en concreto Veterinario de una unidad ganadera con numerosas cabezas de hispano-bretón; que además es presidente comarcal de un partido político, concejal de un Ayuntamiento, entre otros cargos, mi opinión es la del más absoluto rechazo a admitir dicha posibilidad, por muchas razones.
6. La primera ya se ha apuntado. Un funcionario tiene que actuar con objetividad en su puesto de trabajo y está claro que quien debe defender los intereses profesionales o empresariales de unos ganaderos no puede ser a la vez funcionario con funciones públicas sobre ese mismo sector.
7. Simétricamente, mal puede defender unos intereses privados quien jerárquicamente depende de unos órganos que deciden sobre los intereses de los ganaderos. Es obvio que nadie imagina que se nombre presidente de la patronal a un funcionario del Ministerio de Economía o del Ministerio de Trabajo.
8. Si además de funcionario, se es un destacado político, miembro de la estructura orgánica de un partido, todavía resulta más inadmisible la candidatura, no en términos jurídicos, sino democráticos y de defensa de la sociedad civil. Ya es hora de que los políticos «profesionales» dejen de controlar los espacios que no les corresponden y uno de ellos es el de la defensa de los intereses profesionales. Pueden los empresarios, los profesionales, todos, tener sus ideas políticas, pero no debe aceptarse que se quieran instrumentalizar las organizaciones sociales para seguir haciendo política.