May 202012
 

Cielo abierto de Nueva Julia. Fotografía de Filón Verde.

Un extenso artículo de análisis de la periodista María Jesús Muñiz, en el que repasa los últimos años de la actividad minera en Laciana, y también en Babia. Datos, argumentos y reflexiones. También preguntas que deberíamos hacernos todos, para no seguir cometiendo errores; aunque los que crean que no se han cometido es obvio que pierden el tiempo si siguen leyendo esto.

El subtitular del artículo es muy gráfico, tanto como la foto que lo acompaña.

  1. “La protección medioambiental de Laciana se anunció como alternativa para una nueva economía. Pero se convirtió en herramienta contra una minería que no ha sabido, o no ha querido, buscar una forma de actuar sostenible. Para el futuro, ni alternativa ni carbón..”

La década en que pudimos cambiar ( Diario de León – 20/05/2012 ) María Jesús Muñiz

Un patrimonio natural y geológico privilegiado que ha convertido sus potencialidades en la trampa para su futuro. Un entramado de figuras de protección medioambiental que han sido incapaces de convertirse en alternativa, y a la vez han generado las herramientas para acabar con la que ha sido su gran propuesta económica de los últimos años: la minería. Una actividad que ha contribuido también con empeño a cavar su propia tumba: irregularidades y desprecio hacia la legislación y la lógica han conformado la mayor parte de unos argumentos que hoy se han tornado indefendibles. Es la historia reciente de los valles de Laciana y Babia.

El carbón tiene sentencia de muerte, y el medioambiente, el turismo y la ganadería siguen siendo un futurible como medio de vida. ¿Para quién? La siempre delicada ecuación entre la explotación productiva y la preservación del medio parece haberse saldado en la zona a favor de nadie, y en contra de una vía que permita fijar población en el territorio. Entre unos y otros argumentos resulta quizá que la humana es la especie con mayor peligro de extinción en la Montaña Occidental.

Cuando a medidados del 2001 empezó a gestionarse la declaración del valle de Laciana como Reserva de la Biosfera, una calificación de la Unesco a la que en los años siguientes fueron sumándose otras comarcas leonesas dentro del gran proyecto de protección de la Cordillera Cantábrica, los motivos medioambientales se esgrimieron fundamentalmente como una heramiennta sobre la que construir un nuevo futuro económico.

Estas declaraciones, así como el resto de las figuras de protección que han intentado blindar los valores medioambientales de la zona, fueron defendidas desde todos los ámbitos políticos. Y no fueron pocas las voces que ya entonces advirtieron de la necesidad de hacer compatible la actividad minera, único sustento real de la población y la economía de la zona, con las posibilidades que abría la explotación del medio natural.

En el aspecto medioambiental incluso la constitución de los distintos órganos que debían gestionar los espacios naturales y protegidos fue perezosa y escasamente fructífera. En lo que se refiere a la adaptación de la minería a cielo abierto a las nuevas exigencias medioambientales, las marcadas por las figuras de protección y las establecidas desde la Unión Europea, el camino ha estado plagado de denuncias, sanciones y sentencias. Las definitivas, dictadas en los últimos meses.

La Montaña Occidental ha sumado en poco más de una década un amplio abanico de figuras de protección medioambiental, desde las contenidas en la directiva de Hábitats y en la Red Natura 2000 de la UE a las específicas de Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la UE y Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa). Una de las más aplaudidas, la declaración de Reserva de la Biosfera, dentro de un ambicioso proyecto de protección de la Cordillera Cantábrica, que ha ido sumando declaraciones (Picos de Europa, Babia, Ancares…) en los últimos años.

Fue en el verano del 2001 cuando se avanzó la idoneidad de conseguir la declaración de Reserva de la Biosfera, como fórmula «para conservar el medio ambiente y para generar recursos económicos». Los entonces alcaldes de Villablino, Cabrillanes, San Emiliano, Riello, Murias de Paredes, Palacios del Sil y Páramo del Sil ratificaron de aquellas que «una Reserva de la Biosfera no limita absolutamente nada, y atraerá muchos visitantes».

El eterno sueño turístico de la España verde. «El gran yacimiento del empleo es el del turismo de la naturaleza, la única industria que no quiebra jamás», se dijo entonces. Sin olvidar el potencial de la ganadería tradicional, pero reconvertida con los parámetros de «extensiva y de calidad». Con sellos de garantía y carácter artesanal. Ya de aquellas se reclamaba la inclusión en la Red Natura 2000 por parte de un movimiento ecologista-conservacionista que se ha ido multiplicando en la zona tanto en adeptos como en siglas.

Las poblaciones en peligro de extinción de osos pardos y urogallos se esgrimían como argumentos para defender un espacio cuya preservación se presentaba como el puente hacia el futuro de lo que hoy se conoce como sostenibilidad.

Trompicada declaración

A mediados del 2002 Picos de Europa y Laciana iniciaron un trompicado reconocimiento como reserva de la biosfera, salpicado (¿premonitoriamente?) de traspiés administrativos. Y se oyeron las primeras voces que llamaban la atención sobre la necesidad de compatibilizar los recursos económicos que generaba el carbón (entregado ya gracias a las reconversiones y los planes mineros a la rentabilidad económica de los cielos abiertos frente al argumento laboral de las minas de interior) con la protección de la naturaleza.

Fue en julio del 2003 cuando por fin Babia y Laciana se declaraban con todos los sacramentos Reservas de la Biosfera. Alertaron entonces los colectivos ecologistas de los peligros de una masificación turística en la zona; mientras los ayuntamientos llamaban a desarrollar una ingente infraestructura turística para acoger el aluvión de curiosos visitantes que se intuía de aquellas. Y tranquilizaron los políticos (de todo signo, porque en esta década el Ayuntamiento de Villablino ha pasado por unos y otros colores políticos) los «temores injustificados» de las empresas mineras, alegando que sólo las «zonas núcleo» protegidas impedían las actividades del carbón.

El caso es que entre reuniones y anuncios de intenciones de puestas en marcha de planes estratégicos para desarrollar el potencial que las figuras de protección medioambiental ponían en las manos de la economía local, se fueron enredando de forma paralela una cadena de denuncias, autorizaciones, peticiones y permisos de y contra explotaciones a cielo abierto que se resuelven hoy, precisamente en el momento en el que el futuro en general del carbón autóctono se encuentra más en la cuerda floja.

Se acerca el horizonte

El carbón está atrapado en el horizonte final impuesto por el reglamento europeo que entró en vigor el 1 de enero del 2011,que fija el fin de las explotaciones que reciban subvenciones públicas (todas las nacionales) a finales del 2018. Un horizonte al que la política energética del recién estrenado gobierno del PP ha transformado en largoplacista: el equipo de Rajoy, que nunca escondió su aversión al gasto en el mantenimiento del carbón nacional, ha cercenado por la base la herramienta de supervivencia de la industria minera autóctona en sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Y, de paso, renunciado al Plan del Carbón 2006-2012, con sus políticas de reconversión y ayudas a la reindustrialización. Un compromiso firmado al que ahora se hace caso omiso, y que convierte en papel mojado, antes incluso de iniciar su negociación, el que tendría que ser nuevo plan del carbón a partir del 1 de enero.

¿Qué pasa con la minería en Laciana y Babia? Apenas establecidas las figuras de protección ambiental en la zona, las denuncias contra los métodos de las empresas mineras (la MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, del empresario Victorino Alonso) y las autorizaciones medioambientales de la Junta han estado siempre sobre la mesa. Ya en enero del 2004 la Comisión Europea anunció que investigaba si las autoridades españolas estaban aplicando de forma correcta la legislación medioambiental europea en los cielos abiertos de Laciana. El final de la explotación de la corta del Feixolín y el inicio de Fonfría estuvieron desde el primer momento en el punto de mira de las decisiones judiciales europeas.

Desde colectivos ecologistas hasta el PP local llamaron la atención desde entonces en los procedimientos para las declaraciones de impacto ambiental de las cortas que se preparaban, o que estaban en explotación (o en polémica fase de restauración, como ocurría con el Feixolín). Y ya entonces la empresa esgrimía el argumento de que estas cortas eran la única fuente de trabajo en la comarca, y los impedimentos ponían en peligro la conservación de los empleos.

A comienzos del 2005 el colectivo Filón Verde denunció ante la Comisión Europea la solicitud de autorización para siete cielos abiertos en Alto Sil, que frente a la jurisprudencia europea de considerar sus efectos de manera conjunta estaban tramitándose individualmente. Un año después, en febrero del 2006, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León acordó ejecutar la sentencia de noviembre del 2005 que paralizaba la explotación del Feixolín. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó el recurso de súplica de MSP contra el auto que suspendía la autorización de Ladrones, concedida en el 2004.

El pulso entre la filosofía de la Junta de Castilla y León de autorizar las cortas y la de los tribunales poniendo límite a las explotaciones ha sido constante. En febrero del 2006 la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta autorizó la corta de Nueva Julia, días después de que el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial abriera investigación por la afección de varias figuras de protección medioambiental en otra de las minas autorizadas.

Las primeras denuncias por parte no sólo de los colectivos conservacionistas, sino de particulares como Narsil, con animadversión declarada hacia el empresario Victorino Alonso, han dado paso a decisiones tomadas al más alto nivel europeo que ahora parece imposible contestar.

En enero del 2010 la Comisión Europea demandó a España por las irregularidades cometidas por la Junta en la evaluación ambiental de los cielos abiertos de CMC en Laciana. El máximo órgano judicial de la UE tomaba cartas en el asunto de las autorizaciones de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, Ampliación del Feixolín y Nueva Julia. La demanda consideraba que no se habían aplicado las directivas de evaluación de impacto ambiental ni de hábitats en las zonas de especies protegidas.

Además, de manera reiterada, las autoridades europeas han insistido en que la valoración de los daños se hizo de manera individual en las explotaciones, y no de forma conjunta, ya que se trata de un único plan de cielos abiertos. En realidad un macroproyecto con siete cortas (la empresa siempre mantuvo que no habría más de tres abiertas a la vez) de más de 1.000 hectáreas.

La Junta y la Abogacía el Estado han defendido que algunos de los proyectos fueron aprobados antes de la entrada en vigor de las directivas europeas, y consideran que no pueden tener efectos retroactivos.

El punto de inflexión en esta huida hacia delante de intereses contrapuestos lo marcó la sentencia del Tribunal Superior de la UE de noviembre pasado: condena al Reino de España por las deficiencias de la autorización de seis explotaciones en Alto Sil, en zonas medioambientalmente protegidas; y considera que los efectos deben evaluarse de forma acumulativa; aunque algunas efectivamente se concedieran antes de la declaración de zonas LIC y Zepa.

Y obliga a la Junta a preservar las especies en peligro incluso en los casos de minas de especial interés social y económico (argumentos defendidos en el Plan de Cielos Abiertos que presentó la Junta ante la UE, y que está pendiente aún de dictamen).

Incumplimientos

El tribunal considera que España incumple desde el 2000 las exigencias de la UE de conservación de hábitats y especies y de zonas Zepa; desde el 2004 las obligaciones que le impone la LIC de Alto Sil y desde 1998 la directiva de hábitats.

Esta sentencia ha sido la base sobre la que los juzgados leoneses han decretado la paralización de Nueva Julia; y el allanamiento de la Junta en todos los procedimientos judiciales abiertos contra los cielos abiertos, en un intento de ganar tiempo para tramitar de nuevo las autorizaciones de acuerdo con la doctrina europea.

Quizá sea demasiado tarde. La UE ha manifestado claramente a España que debe cerrar todos sus cielos abiertos inmediatamente, a riesgo de ser sancionada con una multa millonaria. Tras el cierre de Nueva Julia, sólo Fonfría está en activo. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, intentó mediar ante el comisario europeo de Medio Ambiente para establecer un «cierre ordenado» de los cielos abiertos y no encender la mecha del estallido social que esperan si se cierra el único foco activo de la minería del carbón en toda la comarca.

Hay pocas esperanzas. La Junta argumenta que paralizar Fonfría supone mayor daño ambiental que darle unos meses a la empresa para que restaure la zona, ya que la explotación está muy avanzada. A Europa se ha llevado también el argumento del empleo. Calculan que más de 1.800 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, dependen de mantener estas minas. Si se cierran, desaparece por completo la actividad minera en la zona y los alcaldes advierten que la despoblación, que vienen padeciendo a pasos agigantados en los últimos años, será definitiva. A mayores, se llama la atención sobre el estallido social que supondrá la brusca desaparición de la actividad minera en la zona, que condena al paro a cientos de trabajadores.

A las autoridades de Medio Ambiente de la UE se les ha propuesto también adoptar medidas más estrictas en la protección de las zonas afectadas por las explotaciones, y nuevas compensaciones (a menudo se ha denunciado que estas prácticamente no han existido) a la zona donde la empresa realiza sus actividades.

Las empresas han esgrimido también los argumentos del empleo, y de que el futuro de la comarca sigue ligado al monocultivo del carbón. Y defienden la necesidad de mantener la única fuente de generación energética autóctona, aún en el marco general de acoso al sector.

Fin de una forma de hacer

Desde los colectivos que han instado estas sentencias se asegura que la decisión final del tribunal europeo podría haberse evitado. Recuerdan que desde el 2004 han venido reclamando un plan que compatibilice las exigencias medioambientales con las necesidades del carbón. «Es la política llevada a cabo en la minería en los últimos diez años la que la ha abocado al cierre», mantienen.

Los colectivos conservacionistas aseguran que después de «diez años de desprecios y humillaciones» tiene poco sentido que se les pida una ayuda para mantener in extremis una forma de actuar que «está acostumbrada a la total ilegalidad». Y reconocen que la minería, como las eólicas, son esenciales, pero tienen que cumplir la ley.

Una minería sin atajos, razonable en sus afanes extractivos y con medidas aceptables de compensación y restauración. Eso reclaman los colectivos que proclaman que «se ha acabado una forma de hacer minería. Es una etapa quemada en la que se han cometido muchas ilegalidades».

Pero ¿cuál es la minería del futuro? El debate, si la situación se mantiene en los términos actuales, llega muy tarde. Pronto no habrá minería que atacar ni que defender, pero las alternativas que planteaban las declaraciones internacionales de excelencia medioambiental ni siquiera han nacido. ¿Qué le queda a Laciana y a Babia?”

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