Abr 082012
 
Toro asturiano retenido por el Ayuntamiento de Mieres en sus instalaciones en el Puerto de Pinos (Castilla y León)

Toro asturiano retenido por el Ayuntamiento de Mieres en sus instalaciones en el Puerto de Pinos (Castilla y León)

La prensa asturiana se hace eco de una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo que desestima el recurso de un ganadero asturiano contra la acción de retirada (prindaje) de un toro de la raza “asturiana de la montaña” por ir en contra del reglamento que tiene aprobado el Ayuntamiento. Esta noticia ratifica de forma palmaria la incompatibilidad de las propiedades del Ayuntamiento de Mieres con el ordenamiento jurídico vigente, lo que vienen denunciando las Juntas Vecinales de Babia desde el 2006.

Aunque el conflicto es entre un ganadero asturiano y el Ayuntamiento de Mieres, lo relevante es que las actuaciones de ambos se desarrollan en León, en Babia, donde una Administración asturiana no puede ejercer competencias administrativas.

Este fallo judicial, muy probablemente nulo por falta de competencia territorial (algo que al parecer no se ha tenido en cuenta en la sentencia), viene a reconocer unos cuantos hechos muy graves, denunciados algunos de ellos, por la Consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente. Repasémolos, después de leer las noticias aparecidas el 8 de abril de 2012.

El conflicto suscitado ya fue recogido en este blog y en los periódicos:

De todo lo sucedido hasta ahora, en especial, de la sentencia mencionada, se pueden extraer los siguientes hechos:

Primero. Existe un reglamento de uso de los Montes públicos que configuran el Puerto de Pinos, aprobado por el Ayuntamiento de Mieres, que no sólo está vigente, sino que aplican los Tribunales asturianos, a pesar de que el reglamento regula los usos de un monte que está en Castilla y León. La Consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, afirmó en las Cortes de Castilla y León, que Mieres no podía realizar dicha reglamentación. Unos meses antes, el Procurador del Común llegó a la misma conclusión en la Resolución que puso fin a una queja instada por las Juntas Vecinales de Babia. Estamos pues ante un reglamento que aunque sea nulo de pleno derecho, sigue siendo aplicado en Asturias.

Segundo. Que el Ayuntamiento de Mieres ejerce potestades públicas de policía, absolutamente prohibidas, dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Mieres ejerce a través de la Guardería del Puerto, de la Concejalía de Medio Rural y de la Alcaldía, potestades públicas en Babia, tal y como ha quedado demostrado en el presente procedimiento judicial. El Ayuntamiento ha retirado o retenido un toro propiedad de un mierense, pues entendió que incumplía el reglamento de uso y disfrute del Puerto de Pinos. Esa acción, claramente pública y exorbitante, (es decir, que no puede hacer un particular) fue notificada al propietario del toro, lo que fue recurrido ante el Juzgado de Oviedo. Dicho toro estuvo retenido en la denominada Casa Mieres, instalaciones que el Ayuntamiento de Mieres tiene en Pinos, sin ningún tipo de licencia, por cierto. Es decir, Mieres emplea sus edificios en Castilla y León como edificios públicos en los que ejerce funciones, competencias y potestades públicas, como es la de retener animales en contra de la voluntad de sus dueños. El hecho de que sea asturiano el propietario del toro no desvirtúa el hecho de que es Mieres la que actúa como autoridad pública, a través de sus agentes, que son los que retuvieron el animal y lo encerraron en Casa Mieres. En fin, Mieres sigue campando a sus anchas sin que las autoridades de Castilla y León hagan nada.

Tercero. Que el Ayuntamiento de Mieres está fomentando la ganadería asturiana dentro del territorio de Castilla y León. El Ayuntamiento de Mieres, que tiene en propiedad los montes públicos del Puerto de Pinos, y además, arrienda otros dos montes más, está fomentando la ganadería asturiana en nuestra Comunidad, decidiendo qué razas pueden pastar y cuáles no. Está claro que si Mieres facilita pastos a sus ganaderos lo hace con dinero público, lo que supone un beneficio para esa ganadería asturiana. Y, por otro lado, los montes ocupados y aprovechados por los asturianos suponen un desplazamiento de los ganaderos de León.

Los Ayuntamientos, son Administraciones públicas y sólo pueden actuar cuando y donde la Ley les permite. En este caso, Mieres sólo puede actuar dentro de su territorio, de su término municipal y los montes de Babia están fuera de Asturias.

Cuarto. Tal y como se puede leer en los periódicos asturianos: “El edil de Medio Rural, Juan José Menéndez, aprovechó el fallo judicial para señalar que el Consistorio «seguirá trabajando para que se cumplan los reglamentos de usos establecidos en los puertos y evitando así que se produzcan casos como el de este toro»”. Es decir, Mieres tiene la clara voluntad de seguir aplicando el reglamento que tienen aprobado.

Dado que la próxima campaña ya está en marcha, las decisiones que deben adoptar las Autoridades de Castilla y León no pueden retrasarse más. Ya es hora de abordar este conflicto de una forma seria y definitiva. Estamos ahora ante un grave conflicto jurisdiccional, pues los jueces asturianos se están declarando competentes para resolver sobre actuaciones administrativas y reglamentos que afectan a nuestra Comunidad Autónoma. No estamos ante un mero conflicto entre ganaderos, sino ante el conflicto suscitado por una Administración municipal que está actuando fuera de su Comunidad Autónoma.

Babia es León y sólo las Administraciones que tienen competencias sobre el territorio leonés pueden actuar. ¿Es tan complicado entender esto? Y si ponemos un ejemplo similar. ¿Sería legal una multa de tráfico que pusiera un policía local de Mieres a un conductor de ese municipio por ir a 150 kms/hora por la carretera que asfaltó el ayuntamiento en el Puerto de Pinos?

No cabe duda que el proyecto regional que plantean las Juntas Vecinales para el Puerto de Pinos, que supone la expropiación a Mieres de sus propiedades es la única forma de poner fin a este conflicto que cada año sufre una escalada en su gravedad institucional.

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