Según informa el Diario de León, las Juntas Vecinales informarán a la Vicepresidenta del Gobierno, para que conozca de primera el conflicto, pues afecta a competencias de varios ministerios y a las relaciones del Gobierno con las Cortes. Soraya Sáenz de Santamaría Antón ha sido Abogada del Estado en León.

Pilar Infiesta. Diario de León: «La única solución satisfactoria y definitiva al eterno conflicto de Pinos es la expropiación forzosa de esas 900 hectáreas para impedir que una comunidad foránea se adhesione un terreno que es leonés». Con esa contundencia expresó ayer el abogado Carlos González-Antón el sentir de las cuatro juntas vecinales babianas a las que representa, tras conocerse dos hechos que han marcado una inflexión en la vieja problemática ganadera con Mieres desde que este ayuntamiento adquirió en 1926 el puerto en una subasta considerada «desigual e injusta» por los habitantes de la comarca.

La primera es la resolución del Procurador del Común que constata la ilegalidad de que el consistorio del Caudal regule los pastos en esos trece kilómetros cuadrados, al carecer de competencias fuera de su municipio; y la segunda, la moción aprobada el pasado día 22 por unanimidad por la Corporación de Mieres para anexionar la zona a Asturias.

El dictamen del Procurador sirvió para dar alas a las pedanías de Babia para redoblar y justificar sus reivindicaciones de recuperar el puerto, al igual que la decisión plenaria de Mieres ha servido para unir fuerzas contra «los colonizadores», indican. Las juntas vecinales confían en lograr ahora, tras años de lucha, el apoyo total de la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Fomento que dirige Antonio Silván, con quien previsiblemente se reunirán en enero. «Estamos ante un claro conflicto territorial entre dos comunidades y el hecho de que Mieres quiera anexionar el puerto supone un acto de hostilidad y una amenaza a la integridad de nuestras fronteras, por eso solicitamos a la Junta que tome cartas en el asunto y que use sus competencias en Montes, Ganadería, Pastos y ordenación del territorio para impulsar un proyecto de interés regional en la zona que conlleve paralelamente la expropiación, como recomienda el propio Procurador del Común», dijo.

A su juicio, el millón de euros de la expropiación debe correr a cargo de la Junta, que podría financiarlo con las compensaciones que adeudan a la zona «MSP y Coto Minero por los cielos abiertos», sugirió. «Silván puede ser el artífice para que el puerto de Pinos deje de ser un grave problema y se convierta en el motor de desarrollo de Babia», insistió. En la hoja de ruta de las pedanías destaca como prioridad la búsqueda del apoyo de la Junta. Si fuera necesario, recurrirían a los tribunales para que el Ejecutivo autonómico asuma sus competencias y defienda la legalidad. Es más, van a enviar un escrito a la nueva vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dándola a conocer la intención de Mieres de modificar las fronteras con León y el perjuicio y el atropello que esa medida acarrearía. «Como abogada del Estado y como mediadora de las relaciones en Las Cortes sabrá cómo actuar», aclaró el abogado.