El portavoz del Gobierno autonómico asegura que se sigue estudiando una posible expropiación en el puerto de Pinos pero recuerda el reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad.

Según han recogido las Agencias de Noticias, el portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico siguen estudiando la vía expropiatoria como forma de salida al conflicto abierto entre los ganaderos de la comarca leonesa de Babia y el Ayuntamiento de Mieres (Asturias) por los pastos del puerto de Pinos, situado en la provincia leonesa, si bien recordó que «el derecho a la propiedad está reconocido constitucionalmente«.

Por ello, Carriedo afirmó que solo actuarán «en la medida en que tengamos alguna capacidad en torno a la defensa de los intereses de la Comunidad» en un conflicto de sus habitantes con «un Ayuntamiento de una comunidad vecina». «Pero es algo que tienen que estudiar los servicios jurídicos de la Junta», concluyó Carriedo, con el objetivo de «analizar y dar seguridad».

Ya la semana pasada, el portavoz de la Junta señaló que la Administración autonómica defiende el «interés» de León ante cualquier otra comunidad o institución, pero deslizó que la opción de las expropiaciones no le corresponde únicamente al Ejecutivo autonómico, sino que cualquier otra administración puede llevarla a cabo por «interés social», en velada referencia a la Diputación de león, que gobiernan los socialistas.

El Ayuntamiento de Mieres compró hace más de 90 años esos terrenos con el objetivo de garantizar los derechos de los ganaderos asturianos en ese área que suma unas 900 hectáreas.

La adquisición, sin embargo, no ha sido considerada como efectiva al entender el Tribunal Supremo que una administración no puede adquirir terrenos en una comunidad a la que no pertenece y entender que, aplicando esa máxima, el uso de los pastos está legitimado en la vertiente leonesa. Los ganaderos mierenses tienen previsto subir pronto a los pastos unas 1.500 cabezas de ganado, por lo que los ganaderos babianos que tienen derechos históricos en Pinos exigen que esto se impida y cuanto antes se pueda disponer de la propiedad de la zona en beneficio de los ganaderos leoneses y de la provincia en general.

Los ganaderos de Babia han exigido a la Junta de Castilla y León que prohíba la subida de ganado asturiano el 1 de junio, tras un nuevo enfrentamiento hace unos días en la que Mieres ejerció competencias ilegalmente en territorio leonés. La propuesta de los ganaderos leoneses es una expropiación de las tierras propiedad de Mieres y un nuevo modelo de gestión.

Valoración de las Juntas Vecinales de Babia de las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León sobre el Puerto de Pinos

Desde las Juntas Vecinales de Babia, la Asociación Montaña de Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se quieren realizar las siguientes consideraciones al hilo de las declaraciones del Portavoz Fernández Carriedo:

• Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León llevan desde 2006 estudiando el conflicto de Pinos y lo único que han conseguido es perder los juicios que contra ella y el Ayuntamiento de San Emiliano han tenido los pueblos de Babia por dar licencias ilegales a Mieres. Por ello, recomiendan a los servicios jurídicos que se lean cuanto antes las sentencias que afirman que Mieres no puede ejercer competencias en León y, aplicándoles, concluirán que la Junta tiene la obligación de adoptar decisiones urgentes.
• En la Junta de Castilla y León no se han dado cuenta de que el conflicto no es entre «unos habitantes» de esta comunidad y un Ayuntamiento asturiano. El conflicto es entre un Ayuntamiento asturiano y la Junta de Castilla y León; pues el ayuntamiento se arroga las competencias ganaderas y desconoce los derechos de cuatro Administraciones públicas de León, cuatro entes locales menores de Babia. Y la perjudicada es la ganadería y la economía de León.
• Es un grave conflicto competencial que atañe directamente -y sobre todo- a la Junta de Castilla y León, que lleva décadas mirando a otro lado.
• Por supuesto que la Constitución Española reconoce la propiedad, pero se le olvida al Portavoz del Gobierno que lo que reconoce el artículo 33 de la Constitución es el derecho a la propiedad privada y a la herencia, no a la propiedad pública. La Constitución no reconoce el derecho de una Administración a tener propiedades públicas fuera de su territorio. Y lo que sí reconoce la Constitución es el reparto competencial entre Comunidades Autónomas. Y las leyes españolas determinan que los ayuntamientos solo pueden ejercer sus competencias dentro de su término municipal.
• Ya que Mieres compró en 1926 el Puerto de Pinos, se le deberá indemnizar, pero con el valor que tiene una propiedad de una Administración pública que no puede ejercer competencias ganaderas en la misma y además gravada con derechos de cuatro pueblos, que impide que puedan introducir más ganado.
• La Junta de Castilla y León no solo tiene plena capacidad para actuar, sino tiene la obligación de ejercer sus competencias e impedir que las Administraciones asturianas que no las tengan las ejerzan en nuestro territorio.
• Ya ha pasado el momento de estudiar el conflicto, es momento de tomar decisiones. Los pueblos de Babia exigen una solución antes del 1 de junio, si no se adopta acudirán de nuevo a los Tribunales con la absoluta confianza de que volverán a darles la razón.