El máximo órgano termina con los recursos del ayuntamiento asturiano para el uso del puerto babiano y las juntas vecinales acusarán de prevaricación a los ganaderos que incumplan la ley
El Tribunal Supremo da carpetazo al mayor conflicto territorial en León y por extensión a la más importante ilegalidad cometida en derecho territorial en España. El TS inadmite el recurso del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia que declaraba ilegal toda actividad en el babiano Puerto de Pinos bloqueando así cualquier uso y disfrute de ganaderos y vecinos asturianos de un territorio de León.
En un día que «no es como cualquier otro», las juntas vecinales de Babia, el Ayuntamiento de San Emiliano y el representante de la federación que han luchado desde hace 20 años por lograr esta sentencia convocaban a los medios de comunicación para anunciar que la decisión del Supremo marca un «punto de inflexión». Declara que la actitud de Mieres es «ilegal, tan ilegal como plantar coca o fabricar anfetaminas», señalaba el abogado Carlos González-Antón, que habla de un «triunfo del estado de derecho».
La ley y los tribunales amparan a los babianos para defender sus tierras y exige que cese toda actividad en Puerto de Pinos. En caso de que esta primavera se suba ganado al puerto leonés, la federación acusará a los ganaderos y el consistorio asturiano de prevaricación porque «saben que es ilegal lo que hacen y el Supremo nos ampara».
Bloquearán e impedirán con la sentencia en la mano la entrada de ganado asturiano en Babia
Con la sentencia en la mano, aseguran que impedirán que este año y los consecutivos el ganado asturiano paste en Babia. ¿Cómo lo harán? Acudiendo a los tribunales que ya han fallado a su favor. «Iremos al primer tribunal que ordenó el cese de la actividad y con la sentencia del Supremo, que es firme, diremos que se está incumpliendo la ley y exigiremos que cese», explica González-Antón, que pone un ejemplo tan gráfico como cierto: «Si se sube ganado es un transporte ilegal, tan ilegal como si se suben fardos de marihuana. Se ha normalizado porque se ha hecho durante años pero ahora una sentencia del Supremo dice que esto es ilegal».
Las instituciones provinciales, autonómicas y centrales ya no «tienen excusas para dudar de la ilegalidad» y es la Consejería de Presidencia quien debe «bloquear e impedir» que se incumpla la sentencia avisando en caso de que se suba ganado a la delegación del Gobierno en Asturias alertando de que se está transportando ganado de manera ilegal. «Esto es una clara anomalía», concluye el abogado.
Plantan cara a quienes les acusan, desde el otro lado de la frontera entre León y Asturias, de ser «los malos y querer acabar con la armonía» porque, a todas luces y con el respaldo del Supremo, la actividad de Mieres en León es «ilegal y tramposa porque quieren evitar el cumplimiento de la orden de los juzgados usando todo tipo de estratagemas». Tanto es así que mañana mismo, miércoles 22 de abril, han convocado una manifestación en Villablino pidiendo el apoyo del Principado y los abogados cuando «el Supremo les está diciendo que lo que hacen es ilegal».
20 años de lucha de unos «chiflados»: del padre de Zapatero a dar con Carlos González-Antón
Porque, como recuerda David Marcello, alcalde de San Emiliano, «no somos cuatro ganaderos y cuatro juntas vecinales del norte de León luchando por lo nuestro. Somos ciudadanos que defendemos León y defendemos ante todo la legalidad. Nos quieren dejar de malos pero lo que hacemos es defender la ley y el Supremo nos ha dado la razón para dar carpetazo a este asunto».
Recuerda Pedró Álvarez Barriada, pedáneo de Villargusán, cómo comenzó hace 20 años la lucha de aquellos pedáneos a los que se llamaba «chiflados e ilusos» y que ahora tienen el respaldo del Supremo. El 27 de agosto se cumplirán 100 años desde que Mieres compró el puerto de Pinos, y este mes de abril hace 20 que comenzó la lucha de las juntas vecinales.
El primer abogado al que acudieron los babianos fue a Juan Rodríguez Lozano, padre del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que les remitió a un joven abogado babiano y lleno de ganas de defender su tierra. Así llegaron a Carlos González Antón quien ha logrado sentencias pioneras que reconocen un derecho que siempre supieron suyo. «Al principio todo fueron piedras en el camino y hoy estamos ante la noticia más importante. Somos cuatro juntas vecinales que entre todas llegamos a los 25.000 euros al año luchando contra un gran Ayuntamiento, y hemos llegado hasta aquí con el Supremo dándonos la razón», concluía.
Un solución definitiva que pasa por la expropiación
La solución definitiva al conflicto pasa por la expropiación de unos terrenos que el ayuntamiento de Mieres compró hace 100 años y que deben volver a ser de titularidad babiana. Confían en que la Junta que se constituya ya con la sentencia en firme tome las riendas y haga «lo que hay que hacer» siendo, además de aliado, «nuestro más firme defensor» en el cumplimiento de la sentencia.
