El letrado de Asociación montaña de Babia y Luna, Carlos González-Antón, apuntó ayer que la sentencia del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 3 de León que anula las licencias de Casa Mieres «contiene todos los argumentos para que la Junta de Castilla y León cumpla su promesa de 2006 y expropie el Puerto de Pinos».

De la sentencia, «bien razonada, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Supremo, a nuestro Estatuto de Autonomía y al Derecho Europeo, se desprende que Mieres no puede tener actividad hostelera y ganadera alguna» en sus terrenos en el municipio de San Emiliano».

El abogado criticó «la pasividad y la connivencia» con el Ayuntamiento de Mieres «de las administraciones de Castilla y León. La Junta y el Ayuntamiento de San Emiliano son cómplices de la ilegalidad» cometida por el Ayuntamiento de Mieres en suelo leonés, como lo demuestra el hecho de que se impugnen sus decisiones «y resuelvan contra los intereses de esta provincia, en favor de los de un ayuntamiento de otra comunidad autónoma».

Para González-Antón, se trata de una sentencia «simbólica», ya que el Puerto de Pinos «perteneció al Cabildo de San Isidoro y, más tarde, a la Fundación Sierra Pambley», que refleja la «dejadez» con la que la Administración autonómica «gestiona el territorio, cuyas consecuencias son la despoblación, el deterioro ambiental y el menoscabo de las relaciones interautonómicas». Añadió que espera que ni la Junta ni el ayuntamiento babiano presente recurso antes esta el Tribunal Superior de Justicia».